Cómo actuar ante un accidente de tráfico

Por Ignacio Beneyto y Pablo Báidez. Beneyto Abogados

Se trata de uno de los siniestros más habituales a los que se enfrenta un mediador en su actividad profesional; sin embargo, debido a determinadas particularidades de carácter procedimental, puede resultar enormemente complejo actuar ante un accidente de tráfico, algo fundamental para un asesoramiento de calidad al cliente. No es asunto baladí, pues ello puede marcar la diferencia entre conseguir, o no, la indemnización pertinente y a la mayor brevedad posible; pudiéndose dar el caso de que el perjudicado no sólo no obtenga indemnización alguna, sino que el siniestro le resulte enormemente gravoso: pérdida de indemnización (lesiones, daños materiales, lucro cesante, daños morales…), asunción de costes por daños materiales propios y ajenos, costas procesales, etc.

En primer lugar, y sin dilación alguna, se debe reclamar la presencia de Agentes de la Autoridad (Policía Local en vías urbanas; Guardia Civil, en interurbanas). La actuación de los agentes es de gran importancia; no sólo sirve para asistir a los implicados y afectados, sino que los atestados confeccionados a resulta del siniestro gozan de presunción de veracidad, por lo que resulta extremadamente complicado desvirtuar su contenido en un futuro e hipotético procedimiento judicial (disponer de un atestado policial favorable es, prácticamente, garantía de sentencia favorable en cuanto a la dinámica del siniestro defendida).

Es necesario puntualizar que si el siniestro ocurre en vías urbanas (ciudades o pueblos), y los implicados no han sufrido lesiones corporales, la Policía no suele presentarse, instando a las partes a que suscriban Declaración Amistosa de Siniestro.

La Declaración Amistosa de Siniestro adquiere en estos supuestos enorme importancia: además de obtener información de gran utilidad del conductor y vehículo contrario (datos personales, número de contacto, entidad aseguradora…) en aras de una futura reclamación, puede resultar también decisiva en un proceso judicial; pues, se entiende, que refleja la percepción del accidente por los implicados instantes después del mismo y antes de poder ser influenciados por terceros (tramitadores, abogados, familiares, conocidos, etc.). De ahí la importancia de cumplimentar de la manera más precisa, completa y rigurosa la Declaración, la cual, además de los datos de los implicados, debe contener: la versión del siniestro de cada conductor, la señalización de las casillas pertinentes conforme a la dinámica de siniestro defendida, la localización de los daños en los vehículos, un croquis ilustrativo y, por supuesto, la firma de los implicados. Si no es posible llegar a un acuerdo para la suscripción de una Declaración Amistosa de Siniestro, es aconsejable que cada conductor confeccione la suya y se la remita a su entidad aseguradora. Huelga decir que, con la mayor premura posible, se debe dar parte del siniestro a la entidad aseguradora.

Para el supuesto de accidentes de tráfico con posibles lesionados, se debe acudir inmediatamente a un servicio de urgencias sanitarias. Junto con la necesaria y obligada evaluación y exploración médica, obtendremos un parte médico que puede ser de gran utilidad en un posterior proceso judicial (tanto como prueba documental, como parte del material con el que el Médico Forense funde su informe).

Si resulta inviable el acuerdo amistoso entre entidades aseguradoras y afectados no queda otra alternativa que recurrir al amparo de los Tribunales de Justicia, vía civil o penal, en función de las características y consecuencias del accidente. Para poder acudir a la vía penal, es necesario que los hechos alegados sean susceptibles de ser tipificados como ilícito penal (delito o falta), normalmente accidentes con lesionados o alcoholemia; ello implica, que para alcanzar la sanidad de la lesiones padecidas, se ha requerido, además de una primera asistencia facultativa, posterior tratamiento médico o quirúrgico (la simple vigilancia o seguimiento facultativo del curso de la lesión no se considerará tratamiento médico).

El plazo para la interposición de la acción penal es de seis meses, mientras que el de la civil es de un año (ambos a contar desde la fecha de siniestro), siendo susceptible de interrupción por medio de determinados actos procesales y extraprocesales (estos últimos, sólo en las civiles).

La vía penal goza de numerosas ventajas respecto de la civil. Por un lado, de manera conjunta con la penal, se pueden ejercer las acciones civiles (aunque cabe su reserva para que se sustancie en un posterior proceso civil); por otro, conlleva la posibilidad de solicitar que el lesionado sea explorado por el Médico Forense adscrito al Juzgado que conoce del asunto, y cuyo informe, aparte de ser gratuito, goza de mayor credibilidad (se presumen objetivos e imparciales) que uno privado aportado por la parte interesada, y, en consecuencia, difíciles de refutar (complicado, pero no imposible). A su vez, en proceso penal permite solicitar la designación de un perito tasador de daños.

Y lo que resulta más importante: cuando el procedimiento penal finalice con sentencia absolutoria del denunciado, o por medio de resolución que ponga fin, provisional o definitivamente, sin declaración de responsabilidad, no significa que el lesionado pierda toda posibilidad de resarcimiento por los daños y perjuicios padecidos.
Para tales circunstancias, el ordenamiento jurídico ha previsto la figura del Auto de Cuantía Máxima.

El Auto de Cuantía Máxima consiste en una resolución judicial, que se dicta a instancia del perjudicado, y que recoge, tal y como su propio nombre indica, la cantidad líquida máxima que el perjudicado puede reclamar por daños y perjuicios sufridos. Se trata de un Título Judicial y, en consecuencia, directamente ejecutable (sin necesidad de tramitar un previo proceso declarativo); con la inestimable ventaja de que los motivos de oposición al mismo, se encuentran tasados por Ley. En caso de oposición, ésta se sustanciará a través de un procedimiento civil.

No todo son ventajas en el proceso penal; también tiene sus inconvenientes: permite la aportación de pruebas en el acto del juicio (con las consiguientes sorpresas) y con bastante frecuencia suele dilatarse en el tiempo.
Cabe señalar que las pólizas de seguro que tienen como objeto de aseguramiento la responsabilidad civil que se pueda derivar de la circulación de vehículos a motor, entre sus coberturas se incluye la defensa jurídica del perjudicado.

La citada cobertura obliga a la entidad aseguradora a hacerse cargo de los gastos en que pueda incurrir el asegurado como consecuencia de su intervención en un proceso judicial; y faculta al asegurado para elegir libremente al procurador y abogado que estime convenientes para su representación y defensa en cualquier procedimiento judicial (no puede ser obligado a aceptar la dirección técnica de los servicios jurídicos de la entidad aseguradora), aunque con limitaciones económicas según las pólizas.

Como punto y final es aconsejable que el letrado libremente designado por el asegurado sea especialista en accidentes de tráfico. Si la dirección letrada es asumida por un abogado no familiarizado con las especialidades de la tramitación procedimental de un siniestro, se corre el riesgo de incurrir en errores procesales, por acción u omisión, con desastroso e irreparable resultado para los intereses del cliente.
Un asesoramiento jurídico profesional e independiente, llevado a cabo por expertos en la materia, es clave para la obtención del íntegro resarcimiento por los daños y perjuicios sufridos como consecuencia de un accidente de tráfico.

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