Controversias respecto a la fiscalidad del Seguro de Deceso

Por Alejandro López Piqueras. Economista. MOMPÓ ABOGADOS & ASESOTEC ASOCIADOS

Existe una evidente controversia en torno a la asignación al ramo de “No Vida” del seguro de Decesos. Esta cuestión no es baladí, porque al margen de su interés doctrinal, tiene consecuencias fiscales como apuntamos a continuación.

En realidad nos encontramos más ante una cuestión técnico jurídica dentro del ámbito del Seguro, que dentro del ámbito de la fiscalidad, ya que la calificación es materia de seguros, y conforme a ella y dependiendo de la definición de cada parte, la fiscalidad será una u otra.

El problema es que extrañamente no existe legislación específica y compendiada respecto al de Seguro de Decesos, y al final acaba siendo un seguro regulado por las propias pólizas que conforman el llamado Seguro de Decesos, pero que tiene connotaciones variadas y diversas según atendamos a unas o a otras.

Por ello la fiscalidad no acaba de estar definida, viviendo una realidad fiscal que no otorga la necesaria seguridad jurídica. Por ello entendemos que acabará necesitándose o bien una regulación especial en la materia o bien y en todo caso mientras tanto, algunas consultas a la DGT que acaben especificando de forma precisa la fiscalidad en cada uno de los casos.

Se trata de una modalidad de seguro que lleva ya implantada en España hace más de un siglo, y de la cual 7 de cada 10 hogares españoles tiene contratada una póliza de este tipo existiendo una sucesión de padres a hijos. Es un seguro de servicios, y como hemos dicho acaba siendo la composición de varias pólizas teniendo connotaciones de vida y de Responsabilidad Civil. Los gastos que viene a cubrir normalmente son los funerarios del entierro, las incineraciones y las repatriaciones, muy costosas estas últimas. Tienen además algunas coberturas adicionales, como servicio de atención telefónica, asistencia en viaje, servicio de gestoría, asistencia pedagógica, etc…

La cuestión que nos ocupa se genera cuando se percibe prestación por este seguro que en lugar de dar la cobertura de los servicios que cubre, la da en cuanto a una prestación económica a su beneficiario. Esto genera problemas en cuanto a la calificación y fiscalidad de la prestación recibida.

Llegado ese momento la duda se genera en el tratamiento fiscal, por un lado lo propio es trasladar la cuestión a la fiscalidad de los llamados “seguros de vida” a pesar de su falta de regulación, de forma que el cobro de las cantidades provenientes del seguro puede generar un hecho imponible del IRPF o del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones (en cualquiera de sus dos modalidades). La determinación de cuál de estos Impuestos es aplicable se realiza atendiendo al siguiente criterio:

Hechos imponibles por supervivencia del asegurado TOMADOR = BENEFICIARIO I.R.P.F.
TOMADOR distinto de BENEFICIARIO ISD (Donaciones) (imposible para el caso que nos ocupa)
Hechos imponibles por fallecimiento del asegurado TOMADOR = BENEFICIARIO I.R.P.F.
TOMADOR distinto de BENEFICIARIO ISD (Sucesiones)

Otra cuestión también es poder llegar a establecer por qué impuesto debería de liquidarse la prestación recibida de un seguro que a priori no debería ser considerado de vida, pero que por su decisión a la hora del cobro de la prestación se podría considerar desde el punto de vista fiscal como uno de ellos.
En este caso no se sabe bien quien es el que tributa, el fallecido o el heredero, ni por qué impuesto deba hacerse, IRPF o Sucesiones. La duda de todas maneras se solventaría conforme a lo especificado en el cuadro anterior.

Dicho lo anterior en cuanto a la fiscalidad de un seguro de prestación (no vida), si el BENEFICIARIO es una PERSONA FÍSICA: La indemnización percibida, como consecuencia de un seguro de prestación distinto de la vida se calificaría como GANANCIA PATRIMONIAL (la diferencia entre la prestación percibida y el importe de la prima) que no deriva de una transmisión previa (RENTA GENERAL) y que se imputará al ejercicio de la alteración patrimonial, esto es, en el periodo en que se genera el derecho a su percepción.

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