N103 | “Esta propuesta afectaría de manera negativa a toda la ciudadanía”

El anteproyecto de ley de presupuestos generales del estado ha generado un contundente rechazo en el sector asegurador. Por ello hemos querido conocer la opinión de Pilar González de Frutos como presidenta de UNESPA.

¿Cuál es la posición de UNESPA sobre la modificación del tratamiento fiscal de la previsión social contenido en el anteproyecto Ley de Presupuestos del Estado para 2021?
Desde UNESPA queremos mostrar nuestro desacuerdo ante una medida que, de aprobarse, afectaría de manera negativa al conjunto de la ciudadanía española.

Carece de sentido implementar una medida que desincentiva el ahorro y, además, genera diferencias entre ahorradores al establecer diferentes límites entre las aportaciones individuales y aquellas que se desarrollan en el ámbito de la empresa. Esta modificación del tratamiento fiscal relegará a los sistemas individuales, que tendrán un límite notoriamente inferior. No hay que olvidar que esto perjudicará principalmente a trabajadores autónomos y empleados de pymes. Ellos son los principales usuarios de este modelo de ahorro.

¿Confían en que el gobierno reconsidere su posición inicial? ¿Ha habido contactos al respecto?
En UNESPA hemos creído siempre en el diálogo. También creemos que, antes de aprobar cualquier medida, conviene realizar un estudio de impacto y analizar cómo va a afectar a la gente. Especialmente cuando ésta implica a millones de españoles y cuando se aborda un tema tan sensible como es la previsión social.

Esto es precisamente lo que pedimos y deseamos ahora: que las distintas formaciones políticas sean sensibles a las necesidades de la inmensa mayoría de la población española y que valoren alternativas a las propuestas que ha puesto el Gobierno encima de la mesa. Alternativas, por supuesto, que incentiven el ahorro a largo plazo y permitan a los españoles preparar su jubilación con tiempo y certidumbre.

¿Se esperaba desde UNESPA que el anteproyecto incluyera esta polémica medida?
La modificación del tratamiento fiscal en la previsión social era algo que muchos medios de comunicación recogieron en las semanas previas a la presentación oficial del anteproyecto de Ley de los Presupuestos del Estado. Por lo tanto, no se puede decir que fuera una sorpresa cuando se presentó el texto en el Congreso de los Diputados. Pero desde luego sí fue algo imprevisto cuando la noticia apareció en medios porque, de lo que no cabe duda, es de que la limitación anual de aportaciones carece de sentido en situaciones de crisis como la actual, cuando muchos trabajadores han visto reducidos significativamente sus ingresos por estar en un ERTE o por tener un cierre temporal en su negocio.

Las crisis económicas son cíclicas y dejan marca en las carreras laborales y de cotización de las personas. Por esta razón, la opción más acertada sería suprimir los límites de aportaciones anuales y sustituirse por un límite global de aportaciones acumuladas a lo largo de la vida laboral. De esta forma, el trabajador puede generar ahorro para la jubilación a largo de toda su vida laboral, indistintamente de lo que haya ocurrido en momentos concretos de su trayectoria. Así se podría compensar la falta de ahorro en unos años que han sido más complicado con un esfuerzo extra en momentos de bonanza.

¿En qué medida puede afectar esta modificación al sector asegurador?
La reducción de límite deducible de las aportaciones a productos de pensiones afecta, principalmente, a los trabajadores autónomos y empresarios individuales. Son nada más y nada menos que 3,3 millones de personas. Son ellos quienes recurren a los sistemas individuales de ahorro como medio de previsión social que garantice su bienestar en la jubilación.

Hay que tener en cuenta que la mayor parte de los trabajadores por cuenta ajena en España trabajan en pymes. Es decir, en empresas donde el ahorro colectivo apenas está presente. Lo que se debería garantizar, por lo tanto, es que estos trabajadores que, hoy por hoy, se encuentran fuera de la previsión social empresarial dispongan de opciones para ahorrar. Es decir, que puedan recurrir a sistemas de previsión individual de forma que tengan las mismas opciones de preparar su jubilación que un trabajador que trabaje, por ejemplo, para una gran multinacional.

No hay que perder de vista que las diferencias de renta que hoy ya existen entre personas que trabajan se pueden acentuar mucho más entre personas jubiladas. Entre quienes prepararon su jubilación y quienes tienen una sola fuente de ingresos en su retiro.

¿Qué tipo de modelo garantizaría la futura sostenibilidad de las pensiones en España?
El modelo de previsión social que propugnamos desde UNESPA es el de los tres pilares: una pensión pública (primer pilar), complementada por ahorro generado en el ámbito de la empresa (segundo pilar) y a título particular (tercer pilar). Este es, además, el esquema que recomiendan los organismos internacionales de prestigio (Unión Europea, OCDE…) en sus informes sobre pensiones.

¿Cuáles son las medidas concretas que se pueden adoptar para crear un sistema de tres pilares?
En primer lugar la creación de sistemas de adscripción por defecto en el ámbito empresarial, similares al sistema de automatic enrolment que tanto éxito ha tenido en el Reino Unido.

Otra medida es que se remita a los trabajadores información de su pensión pública esperada futura, tal y como ya lo hacen 10 países europeos. El sistema de pensiones sueco, sin duda un ejemplo de eficiencia y sostenibilidad en esta materia, envía cada año a cada ciudadano un informe con los detalles de su pensión individual. El conocido como “sobre naranja” con el que todos los ciudadanos pueden tomar decisiones que contribuyan a preparar la jubilación porque disponen de estimaciones sobre su pensión futura.

También el tratamiento fiscal de los sistemas de previsión social. En este sentido hay que distinguir entre las aportaciones -deberían tributar como rentas del trabajo- y los rendimientos logrados a través del ahorro acumulado a lo largo del tiempo -deberían tributar como rentas del capital-. En la actualidad toda la prestación tributa como rentas del trabajo.

Igualmente, se debe fomentar el cobro de los sistemas de previsión social en forma de renta vitalicia. Es el instrumento que mayor grado de complementariedad presenta con las prestaciones de la Seguridad Social. Las prestaciones de las rentas vitalicias acompañan a la pensión de Seguridad Social hasta la muerte del asegurado, aunque viva más de lo esperado.

¿Cómo puede contribuir el sector asegurador a la sostenibilidad del sistema?
En el sector asegurador se suele hablar de Sistema de bienestar porque otorga una visión más amplia del bienestar. El Estado del bienestar es responsabilidad del Estado y abarca temas muy distintos (ie. pensiones, salud, prestaciones por desempleo, viudedad, discapacidad y dependencia, educación…). Detrás de él estamos todos los contribuyentes: particulares y empresas, como financiadores; y los gobernantes, como gestores.

El Sistema de bienestar, en contraste, contempla ese Estado de bienestar y le suma, a la aportación del Estado, todo lo que podemos realizar los demás agentes económicos (empresas, familias…). Aquí es donde el seguro puede actuar.

Los ciudadanos, las familias, se enfrentan a varios riesgos cuando llega el envejecimiento: ingresos durante la jubilación, dependencia, gastos médicos, etc. Ante estos riesgos tienen dos opciones: o los asumen por su cuenta y riesgo, o buscan una forma de protegerse ante ellos. Y el seguro es, sin lugar a duda, una herramienta extremadamente eficiente para buscar esa protección. Somos expertos en gestionar ahorros a largo plazo, cuidar de la salud, atender la dependencia, apoyar económicamente a familias que han perdido a alguno de sus miembros… Por lo tanto, podemos colaborar a sostener el “Sistema de bienestar” que, insisto, es una cosa distinta del “Estado de bienestar”.

Es importante tener en mente que el papel del sector asegurador en el sistema de bienestar puede ser destacado, pero no puede ser el papel protagonista. El bienestar colectivo es responsabilidad del poder público, y es éste quien tiene la primera responsabilidad de establecer y regular su provisión. Lo que el seguro puede hacer es aportar su experiencia y, sobre todo, sus conocimientos en materia de previsión colectiva. A menudo se olvida que los mecanismos de bienestar público y los privados basados en seguros funcionan de forma muy parecida. En un esquema de bienestar público, esto lo sabe todo el mundo, todos participan en la satisfacción de las necesidades de aquéllos que se jubilan, o que enferman, o que devienen dependientes… Pero es que eso, exactamente, es lo que ocurre en los mecanismos de seguro.

El seguro, pues, no es sino la previsión trabajando bajo esquemas privados, capaz de responder de una manera diferente a los retos y dificultades que tienen las sociedades modernas. Su vocación es la de complementar a la previsión pública para que así el sistema conjunto que se cree sea más eficaz y más potente.

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