24-11-2022

El seguro indemnizó por valor de 2.320 millones las catástrofes naturales de 2021

Los costes derivados de las catástrofes naturales ocurridas en España en 2021 ascendieron a 3.600 millones de euros, de los que 2.320 millones de euros estaban asegurados y el tercio restante sin asegurar, según los datos del primer Barómetro Anual de Catástrofes 2021 de la Fundación Aon España, presentado en el Instituto de la Ingeniería de España durante el VII Simposium del Observatorio de Catástrofes.

“Este Barómetro tiene como objetivo cuantificar el impacto socioeconómico de los desastres naturales, obtener y sistematizar criterios para prevenirlos y reducir al máximo las pérdidas humanas y económicas”, dijo Pedro Tomey, presidente del Observatorio de Catástrofes y director general de la Fundación Aon España.

Los 2.320 millones pagados en indemnizaciones aseguradas por estos fenómenos extremos han sido, en euros constantes, un 74% superiores a los importes pagados en 2020 (1.331 millones de euros) y un 29% superiores a los de 2019 (1.800 millones de euros), lo que hace que 2021 se sitúe como el peor ejercicio de los últimos seis años.

En su primera edición, el Barómetro incluye el análisis de los 10 acontecimientos catastróficos más relevantes en función de su severidad y de su impacto en términos humanos y socioeconómicos. El informe facilita datos sobre el efecto en las infraestructuras críticas, mapas de localización, índices de resiliencia y vulnerabilidad, así como recomendaciones para actuar ante este tipo de acontecimientos de forma adecuada, con medidas preventivas y de autoprotección.

El coste asegurado en 2021 ha sido el mayor del periodo 2016-2021 debido especialmente a los daños provocados por la erupción del volcán de La Palma, que supuso la gestión de más de 10.000 expedientes, con un coste superior a los 230 millones para el Consorcio de Compensación de Seguros, un siniestro volcánico al que nunca se había enfrentado el sector asegurador español. Otros desastres, como la tormenta Filomena, las DANAS, el pedrisco, las inundaciones o los incendios forestales, han contribuido a engrosar la factura económica, especialmente en último trimestre del pasado año.

Las catástrofes naturales provocaron que las empresas españolas dejaran de ingresar de forma directa en el pasado ejercicio alrededor de 1.500 millones de euros corrientes. El 99% de esta pérdida se concentró en actividades agrícolas y ganaderas, con diferencia el sector más expuesto a los fenómenos meteorológicos.

El impacto negativo de los desastres producidos en 2021 en la economía española se elevó hasta los 1.126 millones de euros, en valor constante, equivalente al 0,1% del PIB. Del total, unos 386 millones de euros fueron de impacto directo y 740 millones de impacto indirecto e inducido sobre otras empresas de la cadena de valor. La contracción económica provocada por estas pérdidas se tradujo en la destrucción de 23.000 puestos de trabajo, la mitad de ellos en empresas auxiliares de la cadena de valor de aquellas afectadas directamente por las situaciones catastróficas.

Los capitales asegurados han crecido sistemáticamente, pasando de 1.600 millones de euros en 1990 a 6.000 millones de euros en 2021, según los datos que ha facilitado Francisco Espejo Gil, Subdirector de Estudios y Relaciones Internacionales del Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) durante su intervención en el VII Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon, dedicado a la presentación del Barómetro de las Catástrofes 2021, un informe recopilatorio de los fenómenos catastróficos ocurridos en España el pasado año. En ese tiempo, el número de pólizas cubiertas por seguros pasó de 15 millones a cerca de 60 millones.

Las pérdidas ocasionadas por catástrofes naturales en todo el mundo entre 2010 y 2019 se acercaron a 1,4 billones de dólares, la mayor cantidad en una década desde la de 1970-1979, cuando se registraron 175.400 millones de dólares,

En España, la mayor siniestralidad por catástrofes naturales entre 1990 y 2021 se produjo en 2009, con unos costes por indemnizaciones de unos 860 millones de euros, según datos del CCS. En los últimos 31 años el 67,4% de los daños se produjeron por inundaciones, el 17,4% por viento y el 6,9% por terremotos. El resto se lo reparten la erupción volcánica de la isla de La Palma, el terrorismo y otros desastres provocados.

El número de pérdidas humanas causadas por los desastres naturales ocurridos en España entre 1995 y 2021 ascendió a 1.493, de las que 19 corresponden al último año de la serie, siendo 2021 el año con menos muertes registradas, según puso de manifiesto la Dra. en Ciencias Económicas y Empresariales, Victoria de Elizagarate, durante su intervención en el VII Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon, celebrado hoy en el Instituto de la Ingeniería de España.

Según el estudio de Elizagarate para el Barómetro de Catástrofes 2021 del Observatorio, sobre el coste humano de los desastres naturales en nuestro país, Andalucía, Cataluña y Asturias concentraron casi el 70% del total de pérdidas humanas ocasionadas por desastres naturales en 2021, siendo la primera causa de muerte por deslizamientos de terreno, aludes y temporal de nieve, coincidiendo con la tormenta Filomena, y la segunda por olas de calor.

Los años con mayores picos de fallecimientos fueron 1996, 2000, 2003 y 2018: en 1996, la inundación en el Camping de Las Nieves de Biescas causó 110 víctimas; en el 2000 fallecieron 91 personas, especialmente por temporales marinos, vientos e inundaciones; en 2003 perdieron la vida 99 personas, con 60 fallecidos atribuidos a las olas de calor durante el verano; en 2018, de un total de 88 muertes, 42 se debieron a las olas de calor veraniegas y 24 a las inundaciones.

Los datos de fallecimientos e incapacidades asegurados indican que las inundaciones son las que más reclamaciones han provocado en el último lustro, con un 86,35% de las muertes, seguidas por tormentas (9,9%) y terremotos (4,55%).

“La ingeniería de infraestructuras es fundamental en la respuesta a las situaciones catastróficas porque permite afrontar con garantías la reparación de los daños y facilita los procesos de resiliencia que mejoran la capacidad física y humana para responder y recuperarse de las situaciones extremas”, afirmó Manuel Romana, Doctor Ingeniero de Caminos y , Profesor del Máster Universitario de Gestión de Desastres UPC/UCM, durante su intervención en el VII Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon, celebrado hoy en el Instituto de la Ingeniería de España.

Romana destacó en su intervención que los principales fallos que se producen en las fases de predicción y respuesta a las situaciones catastróficas son la incapacidad para prever tanto en la planificación como en las acciones a ejecutar, la incapacidad para aprender, incapacidad para adaptarse e incapacidad para coordinarse.

“Cuando se produce un fallo múltiple, varios niveles -planificación, estratégico, táctico, logístico, de reacción- fallan simultáneamente. Los fallos de un nivel siempre empeoran las condiciones de los demás niveles, lo que puede conducir a un fallo catastrófico”, señaló el Dr. Ingeniero de Caminos.

Para definir la resiliencia de una infraestructura, aconsejó 7 aspectos: la lista de fenómenos catastróficos que deben considerarse, la severidad o intensidad de cada fenómeno, el daño esperado, las estrategias para disminuir el daño, la usabilidad mínima de la infraestructura, el tiempo y los recursos de recuperación para la usabilidad mínima y el tiempo y recursos de recuperación para el uso normal de la infraestructura.

“El nuevo Plan Nacional de Reducción del Riesgo de Desastres. Horizonte 2035 fija una estrategia local de protección civil que se va a implantar en 8.130 municipios de España, así como estrategias en cada Comunidad Autónoma, Ceuta y Melilla”, comentó el subdirector General de Protección Civil, Francisco Ruiz Boada, durante el VII Simposium del Observatorio de Catástrofes de la Fundación Aon, celebrado hoy en el Instituto de la Ingeniería de España. “Uno de los objetivos del Plan es incorporar definitivamente a las Corporaciones Locales al escudo básico de protección, garantizando a toda la ciudadanía un nivel de seguridad sustancialmente idéntico con independencia del lugar de su residencia, lo que exige una planificación compartida entre todas las Administraciones Públicas”. Estas estrategias se han hecho necesarias tras las situaciones de emergencia provocadas por la pandemia, la aceleración de los efectos adversos del cambio climático, la erupción volcánica de la isla de La Palma o las intensas campañas de incendios forestales, “que están poniendo de manifiesto un notable incremento de los episodios catastróficos a los que Protección Civil debe responder”.

El Plan tiene los siguientes ejes básicos: la creciente amenaza del cambio climático y la creciente demanda de seguridad integral; la consideración del Sistema Nacional de Protección Civil como un pilar esencial del Estado y como un instrumento de cohesión social, y la necesidad de adelantarse a los riesgos, convirtiendo el gasto en emergencias en inversión en seguridad y bienestar.

Asimismo, el Plan incluye actuaciones transversales como: la incorporación de la Ciencia y de acciones de I+D+I, la participación de actores relevantes del sector privado –el sector asegurador, el Consorcio de Compensación de Seguros y Agroseguro- y el reforzamiento de los vínculos entre la protección civil y los servicios sociales y la ayuda humanitaria.

El Plan contará con un Comité Científico Asesor, formado por expertos científicos, “a los que hay que comprometer en las tareas de seguridad. Tomar decisiones con los expertos, siempre da mucha tranquilidad”, afirmó Boada.