La competencia desleal de la Banca Seguros

Por Joaquín Mompó. Titular. Joaquín Mompó Despacho Jurídico

Los atajos forzados en el mundo empresarial y financiero en la mayoría de los casos están destinados al fracaso.

El desarrollo y crecimiento dentro de una competencia desaforada en el sector bancario y financiero ha necesitado de enormes recursos económicos. Ello ha llevado al sector a decisiones muy temerarias. La simbiosis entre agentes de seguros y agentes financieros es peligrosa y desafortunada, ya que el objetivo o fin de cubrir un riesgo por el pago de una prima pasa a segundo lugar, teniendo prevalencia en esta figura el carácter de agente como operador financiero que vende productos con la única finalidad de captar recursos financieros. La naturaleza del contrato de seguro con ello queda desvirtuada (plan de pensiones, seguro de vida, seguro de hogar), al quedar totalmente subsumida en la naturaleza del producto financiero (préstamo hipotecario, póliza de crédito, junk bonds, bonos de alto rendimiento).

Casi todos los actores dentro del sector bancario y financiero, en muchos aspectos, perdieron el oremus y olvidaron su naturaleza empresarial, jurídica, objeto social y actividades propias.

Lejos quedan los elementos comunes que Garrigues establecía respecto a los contratos bancarios: en el aspecto subjetivo, una de las partes es un banco o una entidad de crédito; y en el aspecto objetivo, la actividad bancaria es aquella que se centra en el negocio del dinero y de los títulos-valores.

Por el contrario, el contrato de seguro, tal como lo define el artículo 1 de la vigente Ley 50/1980, de 8 de Octubre, “es aquel por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar dentro de los limites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas”.

Así pues, las entidades financieras, por su esencia jurídica, se desenvuelven en su mundo, que es el propio de la especulación económica, mediante la utilización de los denominados contratos bancarios (cuenta corriente bancaria, alquiler de cajas de seguridad, depósitos bancarios, tarjetas, préstamos, descuento, créditos, garantías, transferencias, etc.). Es decir, su actividad está determinada por la realización de operaciones bancarias y contratos bancarios. En definitiva las entidades de crédito tienen sus propios fines económicos que son diferentes a los fines de las entidades aseguradoras. La actividad bancaria que mueve el resto de actividades y afecta de manera directa a todos los sectores y ciudadanos, debe ser regulada mediante normas claras, estables y eficaces que protejan la seguridad del sistema. Las directivas de la Unión Europea, las normas estatales e internacionales están obligadas a proteger y establecer la correspondiente línea roja respecto a la transparencia bancaria. En nuestro caso corresponde al Ministerio de Economía y Hacienda regular estas obligaciones jurídico-públicas que perfeccionen la transparencia de los contratos bancarios. Igualmente debe establecerse una interpretación coherente y coordinada que defienda los principios reguladores del mercado asegurador por parte, no ya de la UE, sino en nuestro país, del Banco de España y sus servicios de reclamaciones (por cierto, servicio sin personalidad jurídica); Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones; y Tribunal de Defensa de la Competencia. No se puede estar continuamente interponiendo recursos una y otra vez ante la Audiencia Nacional o el Tribunal Supremo o acudiendo innecesariamente, si la Administración funcionara, a los Tribunales de Justicia.

Para alcanzar este objetivo es fundamental proteger la naturaleza jurídica del contrato de seguro y no dejar que ésta se diluya dentro de la naturaleza jurídica de los contratos bancarios, todavía más, si estos contratos son de alto riesgo o se trata de auténticas estafas. Esta situación no ha beneficiado, ni beneficia en absoluto al mercado y, en concreto, a un sector, como es el de la mediación que está totalmente fiscalizado y regulado y que durante muchísimas décadas viene cumpliendo con todas las normas financieras y actuariales que le son propias.

Las reglas de juego deben ser iguales y equitativas para todas las partes.

El desembarco decidido del sector financiero en el mundo asegurador patrio, en junio de 2004, como consecuencia de la Directiva 2002/92/CE, de 9 de Diciembre, no cabe duda que fue con pretensiones de adquirir cuotas participativas importantes y de dominio, no así en sentido contrario. La relevancia en el producto interior bruto del sector asegurador en los países desarrollados y en el español desde luego tuvo algo que ver en este interés.
El problema de fondo en esta asociación que parecía idílica entre banca y seguros es el doble uso del capital invertido en los dos sectores y el interés de las compañías aseguradoras en que el sector bancario entrara en el mundo asegurador como inversor y no como mero comisionista de las pólizas que distribuyeran sus sucursales. No se pensó en las tensiones y consecuencias que ello podía producir, en concreto en el tejido productivo consolidado de la mediación y su doble función como asesores y distribuidores de los productos de las compañías aseguradoras.

Por decirlo de una manera gráfica, las aseguradoras tradicionalmente se preocupaban por el exceso de regulación y las catástrofes naturales, ahora además se preocupan por la caída del rendimiento de sus inversiones y el alcance del riesgo de sus activos. Por otro lado, la falta de apuesta decidida a favor de los mediadores de seguros, independientes, técnicos y especialistas en la materia, que se dedican al asesoramiento eficaz del consumidor en este tipo de operaciones, las cada vez más complejas exigencias que recaen sobre dichos profesionales y la liberación de la colegiación, avanzadilla de otros Colegios, tiene dos efectos inmediatos: uno positivo, que afecta a la profesión y a los Colegios, que es la adaptación a la nueva normativa y situación del mercado, el reciclaje, la formación y la selección de los mejores; y otro negativo que es institucional, el incumplimiento o burla, en ocasiones, de las reglas de juego establecidas formalmente por la Unión Europea e internamente en el Estado Español.

Esta irrupción definitiva del operador de Banca Seguros se produjo formalmente a través del artículo 25 de la actual Ley de Mediación de Seguros y Reaseguros Privados (LMSRP), afectando como es lógico a la concepción y preocupaciones del mercado del seguro y a su funcionamiento consuetudinario.

La resolución del Consejo de Europa de 16 de Noviembre de 1.976, en materia de condiciones generales de la contratación, posterior Directiva de fecha 10 de Julio de 1.979 y nuestra actual Ley 50/1980, de 8 de Octubre de Contrato de Seguro, no se han mostrado suficientemente eficaces para desarrollar, en nuestro caso, el principio recogido en el artículo 51 de nuestra Constitución, de protección del asegurado como derecho de los consumidores.

Así nos encontramos con que el sector bancario no se ha acomodado aun a la naturaleza y justificación del sector del seguro y la actividad de mediación, creando situaciones desequilibradoras nada convenientes para la transparencia y salud de este magnífico sector tan analizado, desarrollado y sofisticado, produciendo situaciones y prácticas incorrectas, que afectan directísimamente a los principios reguladores del mercado y al de libre competencia, como pueden ser entre otras: la utilización de la información que obtienen las entidades bancarias a través de las cuentas de sus clientes, profesionales de la mediación; la firma obligada, como adenda a un contrato bancario, de un contrato de seguro, como costo ineludible dentro del contrato principal, infringiendo en muchos casos el principio de libertad en la contratación e información; y la creación de comisiones injustificadas por la mera revisión de las pólizas de seguro.
Desde la promulgación de la Ley de 14 de Mayo de 1908, que reguló la actividad de las entidades aseguradoras y de la mediación, estableciendo la intervención obligatoria de los Corredores Jurados de Seguros para la validez de los contratos de seguros (artículo 29), el debate sobre este mercado no ha cesado hasta nuestros días, subyaciendo en cada etapa de una manera, más o menos clara y específica, las posiciones e intereses de las diferentes fuerzas sociales y económicas que tienen protagonismo en el mercado del seguro y por ende, en el sector de la mediación.

En la actualidad podemos decir sin ambages que el referido artículo 25 de la LMSRP, soporte legal a través del cual explosiona con gran vitalidad la nueva figura del operador Banca Seguros, no ha defraudado en cuanto a sus resultados y prevenciones. Desde el primer momento, la previsión legal de utilizar las redes de distribución de las entidades de crédito para ejercer la actividad de mediación, supuso dejar la puerta abierta a prácticas contrarias a los principios básicos que deben regular los mercados. De nada sirvieron, por no admitirse, las enmiendas que en el trámite parlamentario propusieron los grupos minoritarios y en concreto, en el Senado, la del Sr. Jorquera Caselas, quien sin circunloquios propuso la inclusión de un párrafo 1 bis, del siguiente tenor literal: “no se podrá supeditar la concesión de una operación financiera a la contratación de uno o varios seguros, mediados por el operador de Banca Seguros. Así mismo, se prohíbe conceder ventajas en la contratación de productos financieros en contrapartida a la contratación de seguros mediados por el operador de Banca Seguros dependiente de la entidad financiera concedente”. Evidentemente, esta enmienda no prosperó. Además, ciertamente hay que señalar que en su exceso de celo, llegaba a afectar a la libertad de mercado y a los beneficios que, teóricamente, podía obtener el consumidor en cuanto al costo de los productos contratados.

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1 Comment

  1. El problema para nosotros los asegurados, es la falta de preparación profesional de los empleados de banca en el tema de seguros, que se limitan a ser simples comerciales de pólizas para aumentar la vinculación de sus clientes con la Entidad. El asesoramiento en la contratación y la gestión de siniestros es casi nula, dando un servicio pésimo en la contraprestación. Mencionando además que la competencia desleal hace tanto daño al mediador como al propio asegurado.

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