Los propietarios se enfrentan a la incertidumbre causada por la COVID-19

En contraste con la notoriedad que alcanzan las noticias sobre operaciones inmobiliarias que protagonizan fondos de inversión, empresas dedicadas al negocio residencial y entidades financieras, la foto real del mercado del alquiler en España es muy distinta. Son los pequeños y medianos propietarios los que copan el parque de viviendas arrendadas, con una participación de más del 80% según el CIS, mientras que algunas fuentes como la Sareb reducen la proporción de grandes inversores (socimis y fondos de inversión, entre ellos) a menos del 4%.

Entre esa mayoría de propietarios particulares hay también un alto porcentaje de pensionistas (27%), como revela una encuesta de Fotocasa, en contraste con los grandes tenedores (10 o más inmuebles) con los que frecuentemente se asocia esta actividad. De hecho, el 70% de los ahorros de los españoles se destina, en general, a un mercado inmobiliario que cuenta con más de 5 millones de pequeños ahorradores que complementan sus ingresos con alquileres, de acuerdo el informe ‘Household Wealth in Europe’ de ING Direct.

Para este perfil de caseros, contar con el paraguas de una entidad especializada en seguros de impago de alquiler como ARAG resulta más necesario si cabe, ya que les aporta la tranquilidad de tener garantizadas no solo las rentas mensuales, sino también las posibles deudas de suministros contraídas por el inquilino. Hay otros muchos pequeños problemas o dudas que podrán resolver gracias al servicio de asesoramiento legal telefónico de consultas incluido en la póliza.

A esto hay que sumar, en el momento actual, el aumento de conflictividad en el sector del alquiler como consecuencia de la COVID-19 que ha llevado al Gobierno a introducir medidas de apoyo dirigidas a aquellos inquilinos que acrediten una situación de vulnerabilidad provocada por la pandemia, incluida la paralización de desahucios. En esta situación, el seguro de impago de alquiler de ARAG aporta un plus de tranquilidad al ofrecer cobertura frente a posibles costes judiciales, así como una indemnización por actos vandálicos derivados de un desahucio. Asimismo, permite recuperar las mensualidades perdidas por incendio o explosión ocurrida en la vivienda.

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