N90 | Seguro de Responsabilidad Civil Profesional

Cuando un profesional (sea persona física o jurídica) contrata un seguro de esta tipología, es evidente que su principal interés es gozar de cierta tranquilidad, seguridad y protección en el ejercicio de su actividad económica.

El hecho de que nuestra sociedad sea cada vez más competitiva y exigente lleva consigo la posibilidad de incurrir en importantes responsabilidades para los profesionales. Por ello, ni el más precavido está libre de recibir reclamaciones, por el solo hecho de desarrollar su actividad.

La Responsabilidad Civil profesional (en adelante RC profesional) deriva del concepto jurídico de Responsabilidad Civil, que basa su fundamento en el artículo 1.902 del Código Civil: “El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia está obligado a reparar el daño causado”.

Con la contratación de este tipo de seguro se garantizan las posibles consecuencias económicas derivadas de una reclamación por daños personales, materiales, perjuicios consecuenciales y patrimoniales causados a terceros, por un error, negligencia o falta cometida por el profesional/asegurado en el desempeño de la actividad que asegure (o por el personal del que éste deba responder legalmente).

Además, en atención al art. 74 de la Ley de Contrato de Seguro, los seguros de RC generalmente garantizan la dirección jurídica frente a la reclamación del perjudicado, asumiendo la compañía los gastos que se ocasionen para la defensa del asegurado (aspecto que deberá recoger el propio contrato “salvo pacto en contrario” entre las partes, en atención al citado precepto).

Por tanto será fundamental que en la póliza de RC a firmar por las partes (en la que se acuerden las obligaciones del asegurador) cualquier riesgo, que lleve implícito la actividad que ejerza el profesional en cuestión, quede expresamente previsto dentro de los términos y coberturas del propio contrato.

Llegados a este punto es importante subrayar que existen multitud de profesiones (ámbito sanitario, construcción, abogados, etc.) cuya actividad debe estar obligatoriamente cubierta a través de un seguro de RC profesional, entre las que encontramos la actividad de mediación de seguros privados. Para su comodidad les indicamos que la página web del Consorcio de Compensación de Seguros contiene el registro de seguros obligatorios donde podrán informarse al respecto (https://www.consorseguros.es/web/registro-seguros-obligatorios).

Centrándonos en la actividad de mediación de seguros cabe partir que tanto los corredores de seguros y reaseguros como los agentes de seguros vinculados deben tener cubiertas las responsabilidades que pudieran surgir en caso de negligencia profesional.

En atención a los corredores de seguros será obligatorio tener suscrito un seguro de RC profesional. La Ley 26/2006 de Mediación de Seguros Privados, en su art. 27, exige su contratación como uno de los requisitos para ejercer esta actividad, o bien que el corredor tenga contratada una garantía financiera que cubra las responsabilidades que pudieran surgir por negligencia profesional en todo el territorio del Espacio Económico Europeo.

Esta obligación del corredor es fruto de su independencia a través de la cual, a diferencia de los agentes exclusivos, realizan la actividad de mediación por cuenta propia y sin mantener vínculos con las compañías aseguradoras.

En relación a los agentes de seguros vinculados la citada Ley de Mediación de Seguros, en su art. 21, admite dos posibilidades: que la responsabilidad sobre la actuación del agente sea asumida por todas y cada una las entidades aseguradoras con las que opere; o bien que el agente suscriba un seguro de RC profesional u otra garantía financiera que cubra sus responsabilidades en caso de negligencia profesional.

Por ello, si las compañías (con las que el agente vinculado haya formalizado un contrato de agencia) no asumen contractualmente la responsabilidad civil del agente, éste deberá obligatoriamente tener suscrito un seguro de RC profesional que garantice posibles reclamaciones de terceros perjudicados.

Y con respecto a los agentes de seguros exclusivos, al ser éstos una prolongación de la compañía aseguradora con la que operan en exclusiva, será la entidad quien responda frente a terceros y ante los asegurados de los actos realizados por dichos agentes exclusivos y de sus colaboradores externos (al tenor del art. 18 de la citada Ley 26/2006).

No obstante, pese a que los agentes exclusivos no están obligados a contratar un seguro de RC de forma particular (siendo la compañía, con la que tiene firmado el contrato de agencia, la responsable de su actuación), será aconsejable que tengan contratado una póliza que cubra los riesgos y contingencias que puedan acontecerse en el ejercicio de su actividad, puesto que podría darse el caso de que la compañía a la que representa o un tercero perjudicado reclame personalmente al agente, o repercuta lo pagado, ante una eventual negligencia profesional.

En definitiva, siendo una realidad que todo profesional en el ejercicio de su actividad, a través de la cual obtiene un beneficio (como es el caso de los mediadores de seguros privados), está expuesto a originar daños a terceros (y que ello conlleve una reclamación importante y cuantiosa para el causante), será cuanto menos prudente suscribir un seguro que sea preciso para hacer frente a las eventuales responsabilidades que nazcan de su ejercicio profesional, con el propósito de que el impacto y consecuencias dañosas sean menores e incluso inexistentes para el propio asegurado.

Por último, aun entendiendo que sería una cuestión a analizar y exponer en artículo aparte, nos parece oportuna una pequeña llamada de atención sobre el alcance temporal de cobertura que se acuerde en la póliza de RC. Con el objeto de que el asegurado goce de cierta seguridad jurídica frente a reclamaciones y siniestros tardíos o diferidos (y evitar que existan periodos de tiempo no cubiertos) es aconsejable que, en caso de cambiar el seguro de RC a otra compañía, ésta ofrezca retroactividad ilimitada (tengan en cuenta que el art. 73.2 de la LCS establece que la retroactividad mínima ofrecida por el asegurador debe ser de un año). No obstante nuestra recomendación sería que no fuera frecuente el cambio de una póliza a otra con distinta compañía, con la finalidad de que las reclamaciones estén cubiertas de forma continuada.

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