N99 | Reclamacion del lesionado en los accidentes de trafico tras la consolidacion de la Ley 35/2015, de 22 de septiembre

Juan Manuel Gracia Tonda
Abogado. Mompó Despacho Jurídico.

La ley 35/2015, de 22 de septiembre, surgió con el objeto de incrementar la protección a las víctimas y sus familias, mediante la garantía de una indemnización adecuada y una ágil resolución de los conflictos. En este artículo Juan Manuel Gracia Tonda ofrece claves sobre la reclamación del lesionado en los accidentes de tráfico.

En caso de accidente de tráfico en donde hayan existido lesiones personales, el causante deberá indemnizar a los perjudicados a través de la póliza de seguro concertada al efecto, y si no la tuviera responderá personalmente con sus bienes, pues señala el Artículo 1902 del Código Civil que quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado. Señalar el Consorcio de Compensación de Seguros (CCS) como responsable subsidiario de la cobertura, responderá, dentro del ámbito territorial y hasta el límite cuantitativo del aseguramiento obligatorio, haciéndose cargo de la indemnización cuando se produzcan las mismas causadas por vehículos robados, sin seguros, extranjeros o desconocidos. Los daños que dan lugar a indemnización son la muerte, las secuelas y las lesiones temporales, valoradas de conformidad con lo previsto en la Ley 35/2015, de 22 de septiembre, que establece el baremo de indemnizaciones de tráfico.

Dicha Ley reformó el sistema de valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, con el objetivo de conseguir que las indemnizaciones fueran más acordes a las circunstancias personales, familiares, laborales o profesionales de la víctima y también de los perjudicados. Introdujo el término “lesiones temporales” para sustituir otros anteriores (días no impeditivos, impeditivos y hospitalarios), entendiendo por tales “las que sufre el lesionado desde el momento del accidente hasta el final de su proceso curativo o hasta la estabilización de la lesión y su conversión en secuela”. Asimismo, reconocía por primera vez como beneficiarios de las indemnizaciones por accidente de tráfico, en caso de fallecimiento, a los allegados de la víctima.

En resumen, la ley surgió con el objeto de incrementar la protección a las víctimas y sus familias, mediante la garantía de una indemnización adecuada y una ágil resolución de los conflictos como consecuencia de un siniestro de tráfico. Las cuantías previstas se actualizan anualmente de forma automática, tomando como base la subida en la revalorización de las pensiones, siendo dicho calculo complejo.

El procedimiento que debe efectuar el lesionado según la nueva legislación, a diferencia de la antigua, es la obligatoriedad de presentar una reclamación extrajudicial ante la entidad aseguradora culpable con carácter previo a la interposición de la demanda judicial. Dicha reclamación extrajudicial interrumpe los plazos de prescripción, hasta que la entidad aseguradora responda, aconsejando su presentación desde el momento inicial del accidente, pues la practica ha venido indicando que cuando la aseguradora tiene conocimiento de un lesionado, le somete a un reconocimiento médico (o varios) hasta que obtenga el alta a fin de poder calcular correctamente el daño (artículo 37.1).

La denominada oferta y respuesta motivada son los documentos que la entidad aseguradora del conductor causante remite al lesionado contrario del accidente de circulación, a fin de indemnizar las lesiones producidas. En las mismas, la entidad aseguradora aceptará la responsabilidad (oferta) o bien la declinará (respuesta motivada).En la inmensa mayoría de los casos la aseguradora responde en el plazo de tres meses legalmente establecido, pues en caso contrario devengarán los intereses previstos en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la Circulación de Vehículos a Motor y podrá incurrir en una falta administrativa con fuertes penalizaciones previstas en la Ley 20/2015, señalando a los efectos oportunos que:

a) En el supuesto que se remita por la aseguradora la llamada oferta motivada, realizará una propuesta de indemnización por los daños a las personas y a los bienes, debiéndose separarse la valoración y la indemnización ofertada para unos y otros, calculándolos según el baremo que se señala en la Ley 35/2015 con las actualizaciones prevista. A los efectos de conocimiento de la valoración por el lesionado, la oferta motivada deberá adjuntar toda aquella información utilizada para obtener la valoración, especialmente el informe médico definitivo en caso de lesiones a las personas. Para finalizar indicar que en la misma se debe hacer constar que el pago de la oferta indemnizatoria no se condiciona a la renuncia de futuras acciones, en el caso, de que la misma sea inferior de la que le corresponde y, evidentemente, podrá consignarse para pago la cantidad ofrecida a los efectos de paralizar los intereses legales.

b) En el supuesto que la entidad asegurada no ofrezca indemnización, deberá justificar su posición en base a unos motivos tasados legalmente, tales como no estar determinada su responsabilidad, no poder cuantificar el daño o por dilatación en el tiempo de curación y no ser posible determinar el alcance de las lesiones.

En el caso que el lesionado o perjudicado no se encuentre conforme con las ofertas realizadas, deberá obtener informes y valoraciones con el objeto de sustentar su reclamación a la aseguradora y causante del daño, mediante el ejercicio de o bien el procedimiento de mediación judicial o bien mediante una demanda judicial.

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