N99 | Nuestro sector primario, seguro

Gonçal Estanyol
Ingeniero Técnico Agrícola. Mediador de Seguros Titulado. Especialista en Seguros Agrarios y formador del Colegio de València y Castelló.

Los efectos de la borrasca Gloria han desbordado las previsiones meteorológicas. Pese a las previsiones de lo que nos venía encima entre el domingo 19 de enero y el jueves 23 de enero de 2020, hemos vivido con una tensión inusual los efectos de este temporal.

Hay que reconocer que las previsiones meteorológicas de los organismos oficiales, previas a los últimos temporales sufridos en diferentes zonas del territorio valenciano (tanto en el caso de la DANA, como en el de la borrasca GLORIA) han sido capaces de alertarnos de una intensidad inusual de las adversidades meteorológicas, a la vez que han permitido que las administraciones pudieran tomar medidas y crear alertas para evitar posibles desgracias humanas. Pese a ello, para asombro de todos, la intensidad de estos fenómenos, ha superado las previsiones y nos ha sorprendido a todos.

Todos tenemos en mente las espectaculares imágenes que nos ha dejado el paso de “Gloria”. Una situación de mar “arbolada”, con olas entre 6 y 9 metros, de la que no se tenían registros en nuestro territorio: nevadas intensas en las zonas de interior, registros de lluvia de varios centenares de litros por metro cuadrado, vientos huracanados. Inundaciones extraordinarias, pedriscos intensos…

Lamentablemente, la espectacularidad de las adversidades meteorológicas asociadas a la borrasca “Gloria” han comportado importantísimos daños materiales y, lo peor, la pérdida de algunas vidas humanas.

El seguro frente a los temporales
Desde la perspectiva del mundo asegurador, podríamos decir que los instrumentos públicos, creados para dar estabilidad al sistema de seguros en el estado español, están bien diseñados y están funcionando eficientemente.

Resulta bastante tranquilizador saber que nuestro sistema de seguros tiene diferentes instrumentos para dar cobertura a las consecuencias de este tipo de situaciones extraordinarias.

En la actualidad ya existe una cierta cultura popular que reconoce en el Consorcio de Compensación de Seguros a un Organismo (de componente pública) que actúa en este tipo de situaciones catastróficas. Sus actuaciones están sirviendo también para crear en la población la necesidad de tener bien asegurados sus bienes, para poder compensar adecuadamente las pérdidas en el caso de situaciones catastróficas.

En un plano paralelo, en el que la componente pública ha sido decisiva para forjar un sistema útil para compensar los daños que el sistema de seguros privado por si sólo no sería capaz de cubrir, nos encontramos con el Sistema de Seguros Agrarios Combinados.

Los seguros agrarios como instrumento de ordenación agraria
Hasta la puesta en marcha del actual sistema de Seguros Agrarios, con la publicación de la Ley de Seguros Agrarios Combinados Ley 87/1978, de 28 de diciembre, de Seguros Agrarios Combinados, se hacía muy difícil poder cubrir los daños ocasionados en las producciones agrarias a causa de variaciones anormales de agentes naturales, a través del sistema de seguros privados al que sí podían acceder con plena normalidad los empresarios de otros sectores.

Las características propias de los riesgos que afectan a las producciones agrarias, sobre todo a las agrícolas (pero también las pecuarias y, ahora, las piscícolas), hacían complicado que pudieran perdurar los intentos de cubrirlos mediante seguros “exclusivamente” privados. Sirva como ejemplo la siguiente comparación. Un incendio de unas instalaciones de una empresa ubicada en un polígono industrial puede afectar de manera grave a una empresa y causar, a la vez, algunos daños a los inmuebles inmediatamente colindantes. Una helada por incursión de aire polar puede afectar, a la vez, a todas las cosechas de la mayor parte del Estado que en ese momento se encuentren en una fase sensible del ciclo de cultivo. Así pues, en un solo siniestro, podría helar las flores (y consiguiente cosecha) de los frutales y las yemas de las viñas que en esos momentos estuvieran empezando a brotar tras su parada invernal, los cítricos que estuvieran sin recolectar, las hortalizas que estuviesen iniciando su desarrollo, etc. Es decir, la extensión y la intensidad de los daños sería amplísima, pudiendo llegar a afectar a una mayoría de las cosechas aseguradas en esos momentos. En el caso de la borrasca Gloria, por primera vez en la historia, el durísimo temporal marítimo ha afectado intensamente a la práctica totalidad de piscifactorías de acuicultura marina que se han ido implantando en nuestra costa en las últimas dos décadas. Estos riesgos eran (y serían ahora también) muy difíciles de asumir por entidades aseguradoras que actuaban a nivel comarcal y con niveles de aseguramiento muy bajos respecto del total de la producción existente en la zona. Las tasas a aplicar, para cubrir estos riesgos (con bastantes posibilidades de ser altamente probables, intensos y extensos), se cifran en tanto por cien (%) en lugar de en tanto por mil (‰) que se utilizan para los riesgos industriales o particulares. Lo que hacía (y haría, ahora también) que las primas a pagar resultasen difíciles de asumir por los productores agrarios, al representar un altísimo porcentaje respecto del (ya incierto) precio final del producto.

En los albores de la actual democracia, entre los trabajos de los oportunos Pactos de la Moncloa, se gestó la necesidad de que el Estado desarrollase un sistema de seguros para evitar las calamidades económicas que representaban para los productores agrarios los daños (inevitables) como consecuencia de las adversidades meteorológicas.

Desde un principio, el sistema se planteaba con la agrupación de las entidades aseguradoras privadas, a través de la fórmula del coaseguro, y con una participación decidida de las diferentes administraciones del Estado para garantizar la paulatina implantación del seguro, mediante una potente estructura de concreción de las condiciones de los seguros (con la necesaria participación de los representantes del sector) y sobre todo, con la dotación de importantes partidas presupuestarias que hicieran asequible el importe a pagar por los productores.

La Ley de Seguros Agrarios nace en plena época de cambios, en prácticamente todos los sentidos, tanto sociales, como políticos y económicos. Nace en pleno cambio de época. Resulta significativa la visión de futuro que se desprende de la Ley, así como el exquisito tacto por conjugar las necesidades de crear un instrumento para dar una solución económica al sector y, a la vez, involucrar a los diferentes organismos públicos que han de garantizar la solvencia y seguridad del sistema, incentivar y regular la representación de profesionales del sector y contemplar la necesidad de tener en cuenta la inminente descentralización del Estado. Y, todo ello, con un incuestionable respeto a la técnica aseguradora. Nos encontramos con el nacimiento de un Seguro como fruto de una clara y decidida política de ordenación del sector agrario.

El elemento clave del éxito del sistema de Seguros Agrarios, sin desmerecer ninguno de todos los que intervienen para hacer posible su correcto funcionamiento, son las subvenciones de la Administración, deducidas directamente en póliza, en el momento de la contratación. Las subvenciones que destina la Administración Central del Estado, a través de la Entidad Estatal de Seguros Agrarios – ENESA- (Organismo Público Autónomo, dependiente del Ministerio de Agricultura), sumadas a las que otorgan adicionalmente la mayoría de Comunidades Autónomas, a través de sus respectivas Consejerías o Departamentos de Agricultura, Ganadería y Pesca, hacen que el importe a pagar por el productor sea, en una mayoría de casos, menos de la mitad de la prima total. Los criterios de concesión de subvenciones a la contratación de los seguros agrarios se fijan cada año, en el marco del Plan Anual.

La existencia de un sistema de seguros agrarios como el actual facilita enormemente la fijación de una partida presupuestaria, para las administraciones del Estado (central y autonómicas), para hacer frente a la calamidades económicas provocadas por las variaciones anormales de los agentes naturales. Atrás queda la época en que, ante la inexistencia de seguros o su reducidísima contratación, cuando había una adversidad climática que provocaba cuantiosas pérdidas en una zona o cultivos determinados, se reclamaba de la Administración la habilitación de ayudas para compensarlas. La concesión de estas ayudas podía depender de elementos subjetivos (como la capacidad de reclamar por parte de los afectados y la predisposición política de priorizar su concesión), de la disponibilidad de partidas presupuestarias (difíciles de prever) y, además, el reparto de estas ayudas no respondía a los criterios de valoración directos y objetivos de los daños sobre los bienes afectados, tal y como quedan garantizado a través de la contratación de un seguro.

Con la entrada del Estado español a la Unión Europea, se tuvieron que incorporar unos ajustes en el porcentaje de subvención que se podía conceder a los Agricultores, para la contratación del Seguro Agrario.

En la actualidad no se pueden conceder ayudas para daños por riesgos que se puedan garantizar a través de los Seguros Agrarios y, en el caso de que se concedan ayudas por pérdidas de la producción por riesgos no asegurables, sólo pueden acceder las personas que hubieran contratado el seguro de dicha cosecha.

Operatoria para la contratación de los seguros agrarios
Los Seguros Agrarios Combinados cubren los daños en las producciones agrícolas, ganaderas y acuícolas, como consecuencia de determinadas adversidades meteorológicas, accidentes y enfermedades, tras disponer de los estudios de viabilidad que demuestren el equilibrio técnico-financiero exigible por la técnica aseguradora.

La aportación del Estado, tanto por parte de la ENESA como de las Comunidades Autónomas, mediante subvenciones al importe a pagar por los Tomadores o Asegurados, ha sido decisiva para que se haya podido consolidar la contratación en una buena parte importante de producciones agrícolas, ganaderas y acuícolas.

A través de cada Plan Anual, se ha ido incrementando el nivel de implantación del seguro en la mayoría de producciones agrícolas y una parte de las pecuarias y acuícolas.

En la Ley 87/1978 y el Reglamento que la desarrolla, se concretan las funciones de cada una de las instituciones públicas: Gobierno, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Economía y Competitividad, Dirección General de Seguros, Consorcio de Compensación de Seguros y ENESA. El Consorcio de Compensación de Seguros ejerce un papel estabilizador, para la viabilidad del sistema, por su función como reasegurador obligatorio y como posible coasegurador.

La necesidad de integración de la Entidades Aseguradoras privadas en los Seguros Agrarios Combinados viene definida desde los primeros artículos de la Ley 87/1978. La Agrupación Española de las Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, S.A., más conocida como Agroseguro, se encarga de la gestión privada del seguro. El riesgo lo asumen las entidades Aseguradoras, en régimen de “pool”; distribuido en forma de coaseguro, con un porcentaje de participación para cada una de ellas previamente aprobado por la Dirección General de Seguros.

El seguro se distribuye a través de la red comercial de cada una de las Entidades Aseguradoras privadas accionistas de Agroseguro. Las Declaraciones de Seguro de los Asegurados llegan a Agroseguro a través de las Aseguradoras. La gestión de los siniestros y las indemnizaciones la realiza Agroseguro por cuenta de todas y cada una de las entidades coaseguradoras que la integran.

El mediador de seguros profesional debe jugar un papel fundamental en este tipo de seguros, como garante de un adecuado asesoramiento a los asegurados, ante la necesidad de integrar la gestión de los seguros agrarios, entre el papel de la entidad aseguradora, Agroseguro y el de la figura del tomador colectivo autorizado por ENESA; teniendo en cuenta que la práctica totalidad de la pólizas se contratan a través de seguros colectivos. En el seguro agrario se utilizan una gran cantidad de conceptos propios de la técnica aseguradora, que requieren que sean expuestos a los asegurados por mediadores que tengan capacidad para asesorar adecuadamente.

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