Sobre el aumento sustancial del importe de la prima

Por Pablo Báidez. Beneyto Abogados

Se ha convertido en práctica habitual y generalizada, especialmente en el seguro médico de salud, que determinadas entidades aseguradoras procedan, de manera unilateral y sorpresiva, al aumento sustancial del importe de la prima; incremento que suele oscilar entre un 20%-50%, a veces incluso más, de la cantidad originalmente pactada en el contrato.

Igualmente que, tras la negativa del tomador de consentir con tan antijurídica imposición, inicien una auténtica campaña de presión sobre el mismo: ya sea a través de continuas llamadas telefónicas; o bien, por medio de cartas instándole al pago, bajo apercibimiento de adopción de todo tipo de acciones judiciales, a cada cual más perjudicial para su futura situación patrimonial, en un intolerable intento para que proceda de inmediato a abonar el importe impuesto; sin embargo, curiosamente, obvian en los requerimientos informar de la ilegitimidad de sus pretensiones; de que con tal proceder, contravienen manifiestamente el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia que de manera pacífica y reiterada se ha pronunciado al respecto.

El importe de la prima es uno de los elementos esenciales del contrato de seguro; cuyo pago, en las condiciones estipuladas en la póliza, supone la obligación principal del tomador, tal y como preceptúa el artículo 14 de Ley 50/1980, de 8 de octubre, de Contrato de Seguro (en adelante, LCS).

Tal incremento, sin previo consentimiento del asegurado, incurre en novación contractual; en una modificación unilateral, por parte de la entidad aseguradora, de las condiciones originalmente pactadas en la póliza de seguro concertada.

Al respecto, el artículo 5 LCS es meridianamente claro: cualquier modificación del contrato de seguro deberá ser formalizada por escrito; es decir, requiere el consentimiento expreso de las partes contratantes. En caso contrario, no vinculará al tomador pues no entrará en vigor; no desplegando efecto jurídico alguno e inhabilitando a la aseguradora para reclamar el importe de la anualidad en cuestión. Facultando, por el contrario, al tomador para ejercitar la acción resolutoria por incumplimiento ex artículo 1.124 del Código Civil, destinada a resolver el contrato de seguro suscrito.

Otra consecuencia jurídica, es la inaplicación del artículo 22 LCS; quedando exonerado el tomador de la obligación de denunciar la prórroga del contrato en el plazo y forma previstos en el citado artículo: notificación escrita a la otra parte, efectuada con un plazo de dos meses de anticipación a la conclusión del período del seguro en curso.

Conclusión:
– Está justificada la oposición del tomador a las nuevas condiciones impuestas por la entidad aseguradora; y, en consecuencia, de darse de baja en el aseguramiento.
– No es de aplicación el plazo, artículo 22 de la LCS, al tratarse de una nueva póliza de seguro, pues lo que se ha producido es una novación contractual y no una prórroga de la póliza.
– Al no ser de aplicación el artículo 22 de la LCS, no está sujeto el tomador a plazo de dos meses y al requisito de la notificación por escrito (aunque conviene que se realice de tal forma para que quede constancia de manera fehaciente de su oposición y rechazo), siendo válido cualquier acto que exprese su no consentimiento.
– No se encuentra facultada la entidad aseguradora para exigir al asegurado el pago de la nueva prima aplicada.
En definitiva, existen sólidos y efectivos medios de oposición respecto a esta abusiva práctica de determinadas entidades aseguradoras; la verdadera dificultad a la que se enfrentan de continuo los mediadores, radica en conseguir que lo comprendan los tomadores, por lo general propensos a ceder ante el sistemático hostigamiento al que son sometidos para evitar males mayores; pero ese es otro cantar.

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